[button link=’https://wffp-web.org/2014/08/24/ecuador-shrimp-farming-vs-ancestral-land-rights/?preview=true&preview_id=506&preview_nonce=2c531e48ff&post_format=standard’ size=’large’ color=’blue’ target=’blank’]In English[/button]
Ecuador es el quinto mayor productor mundial de camarón, una actividad que genera más de mil millones de dólares estadounidenses al año. Los frágiles humedales del país han sido devastados por la cría de camarón; según estadísticas oficiales, la superficie nacional de manglares se ha reducido de 362.000 hectáreas a apenas 108.000. Aunque la industria del camarón emplea a 250.000 personas en Ecuador, el número de personas que sustentaba sus medios de vida en los manglares antes que la industria acaparara las tierras costeras era mucho mayor. Los bosques de manglares pueden sostener los medios de vida y proporcionar alimentos a hasta ocho veces más personas que la industria camaronera. Comunidades enteras han sido desalojadas y pescadores desesperados están luchando contra los cultivadores de camarón para reclamar sus tierras y proteger los manglares. “El estuario se ha convertido en una zona de guerra, y los camaroneros incluso utilizan manadas de perros y milicias armadas para proteger sus explotaciones”, explica Líder Góngora, de la Corporación Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar (C-CONDEM).
En el estuario del río Chone, en la provincia de Manabí, más de 70 familias con lazos ancestrales con sus tierras y que se ganan la vida con cangrejos, miel, conchas y otros alimentos del manglar crearon la comuna de El Verdún. En 1979, un empresario local adquirió los humedales y desarrolló criaderos de camarones con préstamos del Banco del Pacífico. En este proceso, las personas de la comuna El Verdún fueron desalojadas forzosa y violentamente de sus tierras, y el manglar quedó agotado. Cuando el empresario se declaró en quiebra en 1997 y abandonó las camaroneras, la comuna reclamó sus tierras y comenzó a plantar mangle y cultivos para su subsistencia.
En 2010, el Banco del Pacífico vendió la tierra a otro empresario. Este informó a la comuna que los consideraba invasores de sus terrenos y exigió que los abandonaran. En respuesta, la comuna exigió una investigación adecuada, que fue iniciada por el gobierno de Manabí. La investigación confirmó los derechos ancestrales de los integrantes de la comuna sobre el territorio, por lo que se ordenó al empresario que les volviera a permitir el acceso.
Tras la negativa de este, la comuna organizó una audiencia pública un año más tarde y solicitó al Ministerio de Agricultura que traspasara la propiedad a la comunidad. La solicitud se amparaba en la Constitución de Ecuador, que dispone que las comunidades indígenas tienen derecho a mantener la propiedad de sus tierras y territorios ancestrales, y a no ser desplazadas de ellas. La audiencia desembocó en un caso judicial en 2012, que exigió al empresario destinar el 20% de la propiedad a la comuna. A pesar de que el fallo seguía reconociendo los derechos de propiedad del empresario, este se negó una vez más a devolver el 20% de las tierras. Las autoridades aún no han hecho cumplir la orden judicial.