El Movimiento Solidario de las Comunidades Nacionales de Pescadores (NAFSO) de Sri Lanka presenta este caso como parte de su portafolio de casos de estudio de miembros del WFFP para que sirva como plataforma de debate en la Asamblea General del WFFP de Noviembre de 2017. La temática de este evento histórico será “Los pescadores de pesca de pequeña escala del WFFP regresan a Nueva Delhi 20 años después”.
NAFSO es una red de organizaciones pesqueras y comunitarias, ONGs, organizaciones de mujeres y organizaciones medioambientales procedentes de 17 distritos de Sri Lanka. Durante 20 años, NAFSO ha aplicado un enfoque basado en los derechos humanos a la hora de trabajar con las comunidades pesqueras de pequeña escala. Cuenta con 9.500 miembros activos: pescadores en pequeña escala de los cuales el 55% son mujeres, y que se distribuyen a lo largo de 192 localidades. Estos miembros tratan con temáticas interseccionales como Comunidades Internas de Desplazados, la Mujer Pescadora, disputas por el agua entre pescadores y agricultores, pesca y cambio climático y conflictos pesqueros éticos y transfronterizos.
El reto:
Han pasado ocho años desde que finalizó una guerra que duró treinta. En 2015 se tenía la esperanza de que un nuevo gobierno diera paso a un espacio en el que se pudieran exigir de vuelta las propiedades y los derechos que se perdieron a causa de la guerra y los proyectos y programas adoptados por el anterior gobierno neoliberal. Este caso describe brevemente a un grupo de familias de pescadores que tuvieron el coraje de nadar a contracorriente, en contra de las olas de militarización y desarrollo turístico a los que dio paso la guerra.
La noche del 17 de julio de 2010, la población de Paanama que se distribuía a lo largo de 5 aldeas en el secretariado divisorio de Lahugala, dentro del distrito de Ampara en la provincia del este, fue obligada a desplazarse fuera de sus 1.200 acres de territorio de costa y lagunas por personas sin identificar que se cubrían el rostro con máscaras negras y que portaban armas de fuego T-56. En las aldeas de Ragamwela y Shashtrawela, alrededor de 380 acres de territorio (declaradas el 11 de febrero de 2015 como un total de 365 acres por orden del consejo de ministros) fueron ocupadas por el ejército del aire y delimitadas por medio de una valla eléctrica, mientras que 850 acres de tierra pertenecientes a otras tres aldeas – Uplassa, Horewkanda y Egodayaya – fueron retenidas por la marina y también delimitadas con una valla.
Desde 2010 hasta la actualidad, los habitantes de estas aldeas han sido testigos de cómo se construían dentro del territorio arrebatado edificios para la fuerza naval y de cómo se erigía un hotel turístico llamado “Paanama Lagoon Cabana”. Esta construcción, que se halla dentro del idílico paisaje que ofrecen la laguna y los bosques de mangles, está administrada por la marina, la cual también se beneficia de los ingresos que produce. Para mantener su ocupación sobre el territorio, la marina también ha restringido, e incluso prohibido en algunas zonas, las actividades pesqueras diurnas y nocturnas.
Además de todo esto, las fuerzas aéreas y la marina han instalado dos sistemas de vallas eléctricas para proteger a los visitantes de los elefantes. Las áreas requisadas están conectadas con el Santuario Nacional de Lahugala, que está dedicado a los elefantes y a la conservación del bosque. La delimitación a través de estos sistemas de vallas ha perturbado profundamente el equilibrio del mundo humano, vegetal y animal, y conlleva efectos negativos tanto para las poblaciones nativas como para el medio ambiente.
A los monjes budistas y los habitantes de la zona ya no se les permite entrar en el templo de Valukaramaya en la aldea de Ramangwela, ni tampoco en el templo de Samudragiri en Paanama. Incluso los funcionarios del Departamento de Archeología tienen el acceso denegado. Se trata de una violación de los derechos culturales de la población nativa afectada.
Dentro de poco, 350 familias dependientes de los arrozales, la pesca y el cultivo de chena, se verán desplazadas y, por tanto, perderán todas sus fuentes de ingresos. Incluso les habrán privado de sus derechos culturales. Les arrebatarán su forma de vida.
El 8 de enero de 2015 fue elegido el nuevo gobierno y, posteriormente, los habitantes de Paanama pudieron obtener su primera victoria tras la decision del congreso de ministros el 11 de febrero de 2015. El consejo de ministros decidió liberar 340 acres de territorio del total de 365 que las fuerzas armadas habían retenido en Ragamwela y Shashtrawela. Sin embargo, después de cinco meses la decisión del consejo todavía no había sido ejecutada por las autoridades locales, y la comunidad de Paanama comenzó a inquietarse, por lo que decidió ocupar su propio territorio sin contar con apoyo legal. Hasta la fecha hay 35 familias que han reocupado sus tierras desde marzo de 2016 y han comenzado a cultivarlas.
A la hora de expulsar a los habitantes de Paanama, las fuerzas aéreas y navales se escudaron bajo el pretexto de estarse apropiando del territorio de los nativos bajo fines públicos. Este territorio ha sido utilizado para construir bases aéreas de posguerra y hoteles, y ninguno de los dos puede considerarse como obras públicas. Es más: las acciones que se han emprendido y que se siguen ejecutando han confirmado que la apropiación del territorio costero de Paanama está planeado y apoyado por miembros del gobierno, y que los desplazamientos forzosos han tenido lugar con el conocimiento de la Secretaría Divisional, la policía, las fuerzas especiales, las fuerzas aéreas y la marina. En vez de proteger los derechos humanos y constitucionales de la población de Paanama, están protegiendo intereses privados y atendiendo sus propias necesidades.
El compromiso: Los habitantes de Paanama ya lo han dicho: “Ésta es la tierra donde vivíamos, ésta es la tierra donde moriremos”. Es su compromiso el de recuperar la posesión de su territorio, ser justamente compensados por la pérdida y el sufrimiento de todos estos años de expulsión y expropiación, y vivir dignamente protegiendo y ejerciendo sus derechos humanos.
La manera y los medios: Los habitantes de Paanama han fundado un movimiento propio: la Organización para la Protección de Paththu Paanama (OPPP). De esta forma pueden hacer campaña y continuar con su lucha por el territorio y la defensa de los derechos humanos.
La lucha de la OPPP se basa en la toma de conciencia de los derechos tal y como se recogen en la ley nacional y demás organismos internacionales, tales como las Directrices Internacionales de Propiedad y las Directrices Internacionales de Pesca en Pequeña Escala. Sus acciones y estrategias incluyen, pero no se limitan a ello, el envío continuo de denuncias a la policía de Pothuwil y a la Comisión de Derechos Humanos, lanzamiento de campañas de apoyo y de lobby, campañas de recogida de firmas, y acciones legales. También se están llevando a cabo otras acciones específicas como determinar y reafirmar documentos de la propiedad de tierras, así como expandir la base de simpatizantes dentro de Sri Lanka y a nivel internacional.
A largo plazo, se nivelará la ampliación de los espacios de discurso y debate que complementarán estas estrategias. Sri Lanka no cuenta con una política de pesca nacional que proteja los derechos de los pescadores, su espacio de pesca y los recursos de los que dependen. La OPPP es partidaria activamente de desarrollar las políticas de pesca a pequeña escala, las cuales se basan en las dos directrices anteriormente mencionadas, y también busca dar paso a un proceso en colaboración con el gobierno. Como parte de su plan de acción, la NAFSO y la OPPP han apoyado la formación y movilización de las comunidades pesqueras con el fin de implicarse en el diálogo constructivo con confianza. A través de esta estrategia, la administración de recursos basándose en la comunidad será promovida para el beneficio de todas las generaciones futuras.